Esta Casa del horror quería saber cómo se anudaban distintas formas de violencia en México, incluída la laboral.
Nacida tras un libro sobre la muerte de Digna Ochoa, que Felipe Cazals y Editorial Planeta me pidieron, se encontró con otro que una década después necesitaban la familia y abogada de Julio César Mondragón.
Antes había escrito esto y así el estado de Guerrero se convirtió en obsesión.
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| Foto de Prometeo Lucero, publicada por la revista Proceso. |
A tres años de la muertes
en El Charco, Guerrero.
DE LA MILITARIZACIÓN EN EL
SUR-SURESTE
Lo cuento como
me lo cuenta X, que vive en la región, y con el soporte de la gruesa documentación
que trae consigo y proviene de investigadores y periodistas bien conocidos. La
advertencia vale porque éste no es un reportaje y la muerte y los proyectos que
transforman países no son cosa de juego.
7 de junio de 1998
Uno lo leyó en
su momento: las fuerzas armadas cercan una reunión de campesinos y campesinas
convocada por el Ejército Revolucionario Popular Independiente (ERPI), entonces
reciente excisión del Ejército Popular Revolucionario (EPR), en El Charco,
municipio de Ayutla de los Libres, Guerrero. El resultado: 11 civiles muertos y
ventitantos detenidos, entre ellos cinco menores de edad.
Los medios
señalan las que les parecen circunstancias extrañas, como que la mayor parte de
las muertes se produce, según diversos testimonios, no en el interior de la
escuela (la Catirino Maldonado), donde están los cercados, sino en su cancha de
basquetbol. O que, al parecer, cinco o seis de los cadáveres presenten un solo,
certero balazo.
Las
organizaciones civiles advierten otras aparentes inconsistencias del informe
militar: no hay una sola baja de la tropa, a pesar de cuatro horas de
intercambio de disparos, en las que los civiles tienen la ventaja de dominar el
campo desde la Catirino, o que el número de muertos es mayor que el de heridos,
invirtiendo la relación que se presenta normalmente. Inconsistencias que
podrían ser explicadas por las terribles condiciones del cerco.
En los meses
que siguen, tal y cual periódico recoge denuncias de los y las sobrevivientes,
de haber sido objeto de un “castigo ejemplar”. Según esto, el ejército habría
renunciado a obligar la rendición o la habría aprovechado para dar fin a esos
cinco o seis hombres cuya sangre queda en las afueras de la escuela, una vez
entregados. A uno, por lo menos, tras obligarlo a hincarse, de acuerdo a las
declaraciones de los detenidos.
El Charco
El Charco es
una ranchería clásica, con sus trescientos habitantes dispersos. En su caso,
entre una serie de elevaciones, en los linderos de la Montaña Baja y la Costa
Chica de Guerrero. De allí hasta la cabecera municipal, Ayutla de los Libres (en
recuerdo al plan que dio origen a la Reforma de 1857), 35 más o menos tortuosos
kilómetros y un pequeño poblado tras otro. La vegetación del que una vez fue un
clásico trópico húmedo, da un aire de abundancia, sobre todo en estos meses del
verano, tiempo de aguas. Pero el aire de naturaleza pródiga no impide la tenaz
miseria de un municipio que está entre los diez más pobres de este empobrecido
estado.
Hay que
imaginar la noche entre el sábado 7 y el domingo 8, ya que los vecinos se han
retirado a sus casas y en la escuela quedan los 38 invitados. O no todos,
conforme a la versión de los militares: algunos hacen de vigías. Imposible que
no se den cuenta de lo que a lo largo de kilómetros han observado o escuchado
las poblaciones cercanas al camino: el avance de una unidad de un Grupo
Aeromóvil de Fuerzas Especiales (GAFE), de rápida capacidad de reacción, y
varios batallones de infantería. Unos mil elementos, en resumen, con
transportes, conducidos por un general.
¿Qué volumen de
fuego desata un destacamento de estas magnitudes y de qué manera se dosifica
durante las cuatro horas en que tardan en rendirse los de la escuela? ¿Por qué
toman tanto tiempo los del ERPI y los demás en entregarse?
Preguntas que a
uno le traen un posible escenario, un tiempo, que termina a las diez y media de
la mañana del domingo, y unos hombres y mujeres, en tenebrosas estampas.
La
restructuración del ejército
¿Es el EPR
quien ha propiciado que contingentes de tal importancia se muevan por Guerrero
en son de guerra? ¿Es el narcotráfico, cuya persecución da como motivo el
ejército para explicar su presencia en El Charco?
La periodista
Maribel Gutiérrez Moreno documenta el cambio de número y de comportamiento de
las tropas en la entidad, ya a principios de 1994. Aprensiones ilegales, cateos
e incursiones se prodigaron desde entonces, afirma, como parte de las
numerosísimas acciones de lucha social desencadenadas
en el país: 40 mil para ése 1998 en que sucede lo de El Charco, conforme a la
información reservada que presenta la revista Proceso.
El
levantamiento armado en Chiapas parece ser el detonante de un proceso que se
preveía en la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC),
de acuerdo a las minutas de las reuniones paralelas del Departamento de Defensa
de los Estados Unidos y a otra información que proporciona la investigadora
Gloria Estévez. Según ésta, casi un año antes de la irrupción del movimiento
zapatista, el coronel Stephen J. Wager, miembro del Instituto de Estudios
Estratégicos del Colegio de Guerra estadounidense, publicó el libro El ejército mexicano de cara al siglo XXI,
en el que sostenía la inevitabilidad del desorden social, producto del propio
TLC y de la reforma al ejido y a la propiedad comunal. Para encararlo, las
fuerzas armadas de México debían transformarse.
Coincidiendo
con la insurrección en Los Altos chiapanecos y con la entrada en vigor del
Tratado, en enero de 1994 se establece El
programa de desarrollo del Ejército y las Fuerza Aérea Mexicanos. El programa tiene uno de sus centros en la
creación de los boinas verdes del GAFE: equipos de 1,800 efectivos
especializados en asalto aéreo, lucha antinarcóticos y contrainsurgencia, para
actuar en combinación con otras fuerzas de elite, en particular en los estados
de Chiapas, Tabasco, Guerrero, Veracruz y Oaxaca.
En 1999 Rex
Applegate, asesor del Pentágono, observa que estos cinco estados concentran una
cuarta parte de los elementos “de tierra” del ejército, distribuidos en 11
zonas militares, y que a partir de la restructuración, a los 130 mil efectivos
de que disponían, las fuerzas armadas de México han sumando 40 mil más,
contando ya con 70 GAFES. Estos grupos especiales se agregan a una brigada de 4
mil elementos de reacción rápida, y el ejército, invadiendo áreas de la
secretaría de Marina, pone en marcha los Grupos Anfibios de Fuerzas Nacionales,
acantonados especialmente en el sur-sureste.
Entretanto, la
estructura de mando experimenta un proceso de descentralización, por el cual
los comandantes de las 41 zonas militares tienen autonomía para decidir en
términos de logística, entrenamiento y fuerzas especiales.
En 1995, apoyado en documentos confidenciales, Roderic Al Camp,
investigador y analista político, advertía la radical transformación por la que
estaba pasando la doctrina militar en nuestro país: las tareas de seguridad
nacional debían concentrarse en combatir al “enemigo interno”.
Un proyecto de ciencia ficción
Desde 1994 uno
leyó en los medios, una y otra vez, información de este clase, que cuadraba
perfectamente con cuanto hacían los gobiernos federales, comprometidos en una
desarticulación del Estado que, al decir de una porción de investigadores, con
Ernesto Zedillo culmina en la transformación del ejército en una suerte de
suprapolicía nacional. Coincidiendo con el libro del asesor norteamericano, de
1993, y con las observaciones de Camp en 1995, las fuerzas armadas abandonarían
así su papel histórico como garantes de la soberanía del país, para
concentrarse en la lucha contra un inevitable descontento social.
De tanto hablar
de ello hemos convertido en un lugar común la existencia del proyecto de los
capitales y los organismos multinacionales, cuyos efectos venimos sufriendo en
los últimos veinte años: en el grave deterioro del empleo, de los salarios, de
la seguridad pública, de la educación, la salud, la cultura, y de nuestra
capacidad de defensa ante la arbitrariedad del poder.
Hoy estamos
seguros de que el proyecto se profundiza en materia económica y social, con la
reforma fiscal propuesta por el ejecutivo, con el avance de la nueva cultura
laboral que presumen las acciones de la Secretaría del Trabajo y demás, y se
nos advierte de la próxima puesta en marcha de un plan Puebla-Panamá, del cual
no se hace público mucho más que el asalto al Istmo de Tehuantepec, a punto de
iniciar. Un plan que señala hacia la masiva entrada de grandes capitales, hacia
la desaparición de la propiedad ejidal y comunal en el sur-sureste y hacia una
especie de recomposición de las fronteras reales, que crearía un virtual país
de las proximidades de la ciudad de México al canal panameño.
Un proyecto que
se nos aparece como una conspiración urdida en ámbitos de poder cuya realidad
se nos escapa y que tiene así la substancia de una ciencia ficción que nos
alcanza sin que sepamos cómo.
Si la podemos
entender en Chiapas, por la presencia del movimiento zapatista, cuando
escuchamos hablar de la militarización del campo en Oaxaca, Guerrero o
Veracruz, tenemos la misma sensación aquélla: una avalancha de datos que nos
cae encima, avalados por toda clase de buenas fuentes, haciendo referencia a
una estrategia global que rebasa nuestro sentido común.
La militarización de la vida cotidiana
Según la
documentación de X, El Charco es el caso más grave de discrecionalidad en el
estado de Guerrero, en esta nueva etapa de las fuerzas armadas, pero la
intervención del ejército en la vida diaria de las comunidades es una constante
de 1994 hasta hoy. En los propios pueblos, en los caminos, en las milpas, a
campo abierto, los soldados hacen sentir una presencia que, como explica una
variedad de manuales militares en uso, tiene deliberados efectos sobre la moral
de la población, creando el clima de terror de la guerra de bajo impacto que hace mucho es bien conocida aquí y allá
en el mundo. ¿Debemos creerle?
X nos pone
enfrente una serie de testimonios. Poco antes de los acontecimientos en El
Charco, indígenas mixtecos denunciaron que en camino de Tlapa a sus
comunidades, en el municipio de Metlatónoc, un retén militar abrió fuego sobre
ellos, sin previo aviso, resultando muerto uno de sus compañeros.
En la noche del
20 de abril del 99, dos mujeres indígenas de San Miguel Tejalpa se preocupan
porque, tras horas de haberse marchado, el cuñado de una y el nieto de otra (de
13 años de edad) no regresan de recoger mazorcas. Van a la parcela, descubren
un charco de sangre y la proximidad de la tropa, así que echan a correr. Son
alcanzadas y violadas, denuncian. Al día siguiente, en un punto más al sur, un
campesino muere alcanzado por las balas de los militares, mientras cuida su
ganado. El reporte agrega que “porta una escopeta”.
El 2 de mayo
siguiente, unos 30 hombres de infantería adscritos al cuartel de Ciudad
Altamirano, irrumpen en la comunidad de Pizotla, disparan hacia una casa y
quienes están cerca tratan de huir. Un poblador pierde la vida y dos militantes
de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán son
llevados a las instalaciones del 40 batallón, torturados y condenados luego por
el ministerio público a seis y diez años de prisión, por supuestos delitos
contra la integridad del Estado.
¿Los casos han sido
sometidos a la investigación que exige el estado de derecho que preocupa al
país? ¿Son casos aislados, producto de la presencia del EPR, del ERPI y del
narcotráfico en estas zonas? ¿No forman parte de las decenas de miles de
acciones de lucha social que exhiben
los informes confidenciales de los medios de comunicación? ¿Hasta qué punto
está militarizado el estado de Guerrero, como dice probar la periodista?
¿Y
la transición a la plena democracia?
Organizaciones sociales y
civiles del estado afirman que los detenidos en la escuela de El Charco fueron
torturados, basándose en los testimonios de ellas y ellos, y los seis menores
de edad estuvieron probadamente recluidos en una instalación militar.
Para denunciar los hechos se creó un
Comité de Viudas y en el municipio fue formándose un Comité Coordinador de
Defensa de los Derechos Humanos, en el que participan comunidades eclesiales de
base, el frente cívico local, organizaciones no gubernamentales y “una parte”
del PRD, partido que gobierna el ayuntamiento.
Dos de sus participantes han muerto en
condiciones no bien aclaradas, dicen los documentos de X: en abril del 2000, Agandino Sierra, miembro de las
comunidades eclesiales, por impactos de armas largas; en enero del 2001,
Donasiano González Lorenzo, líder natural de la zona. Un líder natural mixteco,
hay que aclarar, porque hasta aquí llega la región que viene rebotando por la
sierra desde Oaxaca, y que tiene una unidad cultural de siglos, hoy negada por
la ley indígena, quien la somete a los criterios de dos distintas legislaciones
(dentro de una distribución administrativa nacional que se nos hace aparece
profundamente enraizada en la historia, pero que fue producto de conflictos
entre intereses locales a mediados del siglo XIX).
¿Cómo combina
este ambiente con la transición a la plena democracia, y de ese modo con el
establecimiento de un real estado de derecho, en la que decimos estar empeñados
y que en las elecciones de julio habría dado un gran salto adelante? ¿Y la
concreción del plan Puebla-Panamá? ¿No traerá tanto o más descontento social
que el que preveía el asesor de Washington con la firma del TLC y las reformas
al ejido, y así la creciente necesidad de un ejército como el que adelantaban
él y los analistas políticos y que todo indica está cumpliendo su
transformación de garante de la soberanía nacional en una suerte de
suprapolicía?
La sociedad no
puede permanecer pasiva ante informes como los que llegan del municipio de
Ayutla de los Libres, porque advierten de un proceso que va justo en sentido
contrario al que ella decidió en las urnas. Los recursos están a la mano, en ese país que decimos estar
construyendo. El primero, el acceso a la información, que obliga a que tengamos
conocimiento amplio y detallado de lo que sucedió en El Charco, de las muertes
de los dos integrantes del Comité Coordinador de Derechos Humanos municipal y
de la militarización de la zona, denunciada por la prensa y por organizaciones
civiles.
En torno a la aprobación de la ley
indígena que echó atrás la iniciativa de la Cocopa y los Acuerdos de San
Andrés, se hicieron numerosos pronunciamientos por la unidad y la soberanía
nacionales. En nombre de ellas, que son algunas de las muchas tareas
inconclusas en el México del 2001, deberíamos hacer nuestro el caso de Ayutla,
para empezar a hacer nuestra la situación del campo del sur-sureste en general
y, finalmente, la del país en su totalidad.
Así dice uno, muy juicioso, sintiendo
el temblorcillo por una realidad brutal que quién sabe cuánto se urde en
ámbitos que se nos sustraen, que no podemos imaginar, que parecen señalar que,
siquiera en parte, el destino nos alcanzó ya.
