En 2015 quizá el junior de la clase política más visible en los medios es
Manuel Velasco Coello, quien a los treinta y dos años se hizo gobernador de Chiapas. Militante del falso "Partido Verde Ecologista de México (PVEM), comulga con el Revolucionario Institucional (PRI), se entiende con Nueva Alianza" y llegó al cargo protegido de paso "por la casta dominante del Partido de la Revolución Democrática (PRD)".
Su familia es abolengo caciquil puro, que le transfiere su abuelo paterno, gobernador en 1970, y la vicegobernadora actual, como se llama a su madre, Leticia Coello.
Busco el posible parentesco de esta mujer con un personaje central en la violencia que prepara esta de hoy: Javier Coello Trejo. No encuentro relación después de revisar un rato y lo dejo para concentrarme en quien se conoció como "el fiscal de hierro" mexicano, durante los años ochenta y principios de los noventa. Y con un segundo que se vincula a él: Guillermo González Calderoni, conocido por las autoridades estadounidenses como el Elliot Ness de México.
A tres días de las elecciones presidenciales de 1988, dentro de un auto se encuentran los cadáveres de Francisco Javier Ovando y Román Gil Hernández. El Frente Nacional Democrático que encabeza Cuauhtémoc Cárdenas los responsabilizó de supervisar la información sobre los votos, a fin de evitar el previsible fraude que se cometería, en efecto.
Muchos años luego González Calderoni afirmará que el asesinato se lo ordena Carlos Salinas de Gortari a Juan García Abrego, jefe del cártel del Golfo.
La Administración para el Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos le creerá todo pues el hombre fue subprocurador de justicia encargado en el ramo. El personaje será acusado a su vez por Miguel Ángel Félix Gallardo, El Padrino, fundador del cártel de Sinaloa, de operar con “sus superiores inmediatos” el inaugural gran acuerdo entre altas esferas del gobierno federal y los narcotraficantes, a través de un reparto de plazas a comienzo de la década de 1980.
Quién sabe si el régimen priista administraba antes los convenios de este tipo. ¿Al hacerlo entonces, la nueva clase política que nos dirige desde 1982 y se propone incorporar al país al modelo neoliberal, propicia la informalidad en todos los ámbitos, incluido el aparato estatal?
A tres días de las elecciones presidenciales de 1988, dentro de un auto se encuentran los cadáveres de Francisco Javier Ovando y Román Gil Hernández. El Frente Nacional Democrático que encabeza Cuauhtémoc Cárdenas los responsabilizó de supervisar la información sobre los votos, a fin de evitar el previsible fraude que se cometería, en efecto.
Muchos años luego González Calderoni afirmará que el asesinato se lo ordena Carlos Salinas de Gortari a Juan García Abrego, jefe del cártel del Golfo.
La Administración para el Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos le creerá todo pues el hombre fue subprocurador de justicia encargado en el ramo. El personaje será acusado a su vez por Miguel Ángel Félix Gallardo, El Padrino, fundador del cártel de Sinaloa, de operar con “sus superiores inmediatos” el inaugural gran acuerdo entre altas esferas del gobierno federal y los narcotraficantes, a través de un reparto de plazas a comienzo de la década de 1980.
Quién sabe si el régimen priista administraba antes los convenios de este tipo. ¿Al hacerlo entonces, la nueva clase política que nos dirige desde 1982 y se propone incorporar al país al modelo neoliberal, propicia la informalidad en todos los ámbitos, incluido el aparato estatal?
Ese no sería tema para un trabajo sin pretensiones teóricas, como el mío, y aun así debemos considerarlo, pues sin la abierta informalidad se diría incompresible la violencia que sufrimos en 2015.
En 1988 Emilio Padrilla escribía un libro sobre "el mito de la informalidad", en referencia a la economía urbana prohijada por lo que hoy algunos prefieren llamar hipercapitalismo. Muchos otros autores advertían ya de la suerte de regreso al pasado que representa el reluciente sistema, y para mí, historiador fuera de la academia, cada vez el presente trae a la cabeza el voraz colonialismo en la primera etapa del siglo XIX.
El genocidio y la abundancia general de sangre era un norma, como en el periodo previo, vinculada a una noción de Carlos Marx: "todo lo sólido se desvanece en el aire". La frase me recordaba un ensayo de Miguel de Montaigne contemplando la expansión marítima europea al arranque, en el Nuevo Continente: “Nuestros ojos son más grandes que nuestros estómagos, y nuestra curiosidad mayor que nuestra capacidad de entender; creemos asirlo todo y apretamos sólo viento”.
El mundo se irrealiza por la "mayor revolución jamás habida en el tiempo y el espacio humanos" y lo que precipita en las mentes de los conquistadores y colonos y de quienes financian las aventuras. En ellas el delirio preside todo y así a los adelantados españoles toma menos de un año despoblar el Haití de hoy, por falsas especies sobre fantásticos depósitos de oro.
Los asesinatos en masa, los descuartizamientos, la tortura extrema, cualquier exceso vale en tierras que desde el origen son el reino del Maléfico. Puede ejemplificar la historia hasta el infinito, lo mismo en la conquista española y portuguesa del siglo XVI, que en la posterior colonización inglesa, francesa, holandesa. Nos asombraría conocer las descabelladas afirmaciones de la Ilustración, el nacimiento de la ciencia y la filosofía modernas calificando con capricho al Cuarto Continente, lo mismo de corrupto que de imberbe.
Perdonen el largo paréntesis que espero sirva, y volvamos a los hechos y al personaje que nos trajo hasta aquí, Coello Trejo.
A tres días de las elecciones presidenciales de 1988, en la madrugada del 3 de julio, dentro de un auto se encuentran los cadáveres de Francisco Javier Ovando y Román Gil Hernández. El Frente Nacional Democrático que encabeza Cuauhtémoc Cárdenas, los responsabilizó al primero de supervisar la información sobre los votos, a fin de evitar el previsible fraude que se cometerá, en efecto.
Muchos años luego Guillermo González Calderoni, llamado por las autoridades estadounidenses el Elliot Ness mexicano, afirmará que el asesinato se lo ordena Carlos Salinas de Gortari a Juan García Abrego, jefe del cártel del Golfo. ¿No tiene información de ello Fernando Gutiérrez Barrios, la figura omnímoda de la Secretaría de Gobernación en su cuarto sexenio allí?
¿El capo negocia las ejecuciones con quienes también largo tiempo después son instruidos formalmente por los hechos: Javier Serrano Sixtos, agente de la Policía Judicial en el estado de Michoacán, y su hermano Jaime, más tarde jefe de la unidad antisecuestros de la policía ministerial de Guanajuato, según esto en íntima relación con una banda de secuestradores?
Calderoni será acusado a su vez por Miguel Ángel Félix Gallardo, El Padrino, fundador del cártel de Sinaloa, de operar con “sus superiores inmediatos” un acuerdo entre altas esferas del gobierno federal y los narcotraficantes, a través de un reparto de plazas a comienzo de esa década.
En realidad cuando el ex subprocurador de justicia es perseguido se le imputa una interminable serie de actividades criminales. Por ejemplo, combatir al cártel del Pacífico a favor del propio García Ábrego y su gente (CARPIZO, CARTA EN LA JORNADA).
Casi nada se probará en esta colección de actos, entre otras cosas porque nuestro Ness perderá la vida dentro de su auto por un disparo, en McAllen, Texas, al servir de testigo protegido a la agencia antinarcóticos de los Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).
Casi nada se probará y nombres y circunstancias pueden equivocarse. No así la constancia de los testimonios sobre los nexos entre el tráfico de drogas, personalidades y sectores de la mayor importancia dentro del Estado y asesinatos políticos –Calderoni achaca a Salinas más muertes, como la de Colosio.
Al preguntársele a Sergio Aguayo en 2002 sobre el poder político que en su abundancia se precipita con descaro a actos criminales, luego de una recapitulación histórica encuentra el caso emblemático de Javier Coello Trejo.
A este fiscal de hierro de la procuraduría general de justicia a partir de 1988, Calderoni rendirá cuentas desde entonces. En su gestión se le acusa de más de ochocientas violaciones a los derechos humanos. Algunas repiten el proceder en Chihuahua durante los interrogatorios a una pareja de acusados que no se reconocen como narcotraficantes: Armando Prado Mena fallece por las lesiones de la tortura y a Emiliano Olivas Madrigal lo arrojan desde un sexto piso.
Tres casos desbordan las fronteras: el asesinato de Norma Corona Sapién, la compañera de oficio de Digna Ochoa que en Sinaloa investiga la responsabilidad de un subalterno de Coello en la muerte de cuatro personas, y los de los hermanos Héctor, Jaime y Érik Quijano Santoyo.
En el tercero, al amanecer un grupo de agentes baja de una Suburban roja y un Topaz sin placas, y allana las casas de tres estudiantes venezolanos y de un abogado. Al día siguiente la esposa de unos de los jóvenes acude a las oficinas de la Judicial Federal y ve la caminera. Veinte días después en una fosa de dos metros de profundidad aparecen los cadáveres de los cuatro secuestrados, con huellas de tortura y orificios de bala.
El tipo de hombres causantes de estos actos forma la escolta del subprocurador de delitos contra la salud, a la que al poco se le comprueba un para ella alegre jugueteo en el sur de la ciudad de México: ultrajar mujeres. Diecinueve son animadas a levantar cargos. Ni eso ni las recomendaciones de organismos nacionales e internacionales le valdrán castigo directo o indirecto al hombre que Salinas encargó para dar el primer, trascendental golpe dentro del régimen, apresando a Joaquín Hernández Galicia, la Quina, el poderosísimo líder del sindicato petrolero.
En 1993 y para escapar en unos años, cae preso Joaquín el Chapo Guzmán. Las primeras versiones, desmentidas luego, aseguran se encontraba en un rancho de Coello.
El fiscal de hierro parece un personaje que ilustra a la perfección cómo la violencia del régimen priista muda con el peculiar neoliberalismo autóctono. Un periodista de su nativo estado de Chiapas, resume así la historia previa:
“…tuvo, desde sus inicios como agente del Ministerio Publicó en Chiapas, fama de ´duro´, de arreglar sus asuntos por la fuerza pasando por encima de leyes y autoridades.
“Según el expediente elaborados por las instituciones de inteligencia del país, el cual consta de mas de 100 paginas, dentro de sus actividades políticas, afiliado al PRI, tuvo cargos administrativos en los gobiernos estatal y federal…
“En Chiapas fue agente del Ministerio Publicó del Fuero Común; secretario general del procurador general; director de la Policía Judicial Estatal en la Procuraduría General de Chiapas; agente del Ministerio Publicó Federal Especial; secretario general de Gobierno en el periodo Absalon Castellanos Domínguez en 1983, de donde es destituido en 1984…
“Su fama como hombre rudo empezó en 1977. Es entonces cuando el presidente de la republica José López Portillo lo designa fiscal especial para el combate a la corrupción, en donde dirigió las investigaciones para consignar a Fausto Cantu Peña, exdirector del inmecafé; Félix Barra García, ex secretario de Comunicaciones y Transportes. Todos ellos funcionarios durante el régimen de Luis Echeverría Álvarez.”
De una dureza y una ambición singulares sirve al régimen tradicional, en resumen, de gran látigo presidencial que castiga a los funcionarios incómodos. Las mudanzas sexenales lo envían de regreso a su estado “ya con fama de rudo”, en carácter de secretario de gobierno del nuevo mandatario local, Absalón Castellanos, de triste recuerdo para sus paisanos, entre otras cosas por los golpes a una movilización campesina sin precedentes próximos, en la misma región de Los Altos donde surgirá el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
Por el cargo, Coello sin duda tiene en ello un papel de primera línea, que no incluye el periodista a quien citamos.
En 1988 Emilio Padrilla escribía un libro sobre "el mito de la informalidad", en referencia a la economía urbana prohijada por lo que hoy algunos prefieren llamar hipercapitalismo. Muchos otros autores advertían ya de la suerte de regreso al pasado que representa el reluciente sistema, y para mí, historiador fuera de la academia, cada vez el presente trae a la cabeza el voraz colonialismo en la primera etapa del siglo XIX.
El genocidio y la abundancia general de sangre era un norma, como en el periodo previo, vinculada a una noción de Carlos Marx: "todo lo sólido se desvanece en el aire". La frase me recordaba un ensayo de Miguel de Montaigne contemplando la expansión marítima europea al arranque, en el Nuevo Continente: “Nuestros ojos son más grandes que nuestros estómagos, y nuestra curiosidad mayor que nuestra capacidad de entender; creemos asirlo todo y apretamos sólo viento”.
El mundo se irrealiza por la "mayor revolución jamás habida en el tiempo y el espacio humanos" y lo que precipita en las mentes de los conquistadores y colonos y de quienes financian las aventuras. En ellas el delirio preside todo y así a los adelantados españoles toma menos de un año despoblar el Haití de hoy, por falsas especies sobre fantásticos depósitos de oro.
Los asesinatos en masa, los descuartizamientos, la tortura extrema, cualquier exceso vale en tierras que desde el origen son el reino del Maléfico. Puede ejemplificar la historia hasta el infinito, lo mismo en la conquista española y portuguesa del siglo XVI, que en la posterior colonización inglesa, francesa, holandesa. Nos asombraría conocer las descabelladas afirmaciones de la Ilustración, el nacimiento de la ciencia y la filosofía modernas calificando con capricho al Cuarto Continente, lo mismo de corrupto que de imberbe.
Perdonen el largo paréntesis que espero sirva, y volvamos a los hechos y al personaje que nos trajo hasta aquí, Coello Trejo.
A tres días de las elecciones presidenciales de 1988, en la madrugada del 3 de julio, dentro de un auto se encuentran los cadáveres de Francisco Javier Ovando y Román Gil Hernández. El Frente Nacional Democrático que encabeza Cuauhtémoc Cárdenas, los responsabilizó al primero de supervisar la información sobre los votos, a fin de evitar el previsible fraude que se cometerá, en efecto.
Muchos años luego Guillermo González Calderoni, llamado por las autoridades estadounidenses el Elliot Ness mexicano, afirmará que el asesinato se lo ordena Carlos Salinas de Gortari a Juan García Abrego, jefe del cártel del Golfo. ¿No tiene información de ello Fernando Gutiérrez Barrios, la figura omnímoda de la Secretaría de Gobernación en su cuarto sexenio allí?
¿El capo negocia las ejecuciones con quienes también largo tiempo después son instruidos formalmente por los hechos: Javier Serrano Sixtos, agente de la Policía Judicial en el estado de Michoacán, y su hermano Jaime, más tarde jefe de la unidad antisecuestros de la policía ministerial de Guanajuato, según esto en íntima relación con una banda de secuestradores?
Calderoni será acusado a su vez por Miguel Ángel Félix Gallardo, El Padrino, fundador del cártel de Sinaloa, de operar con “sus superiores inmediatos” un acuerdo entre altas esferas del gobierno federal y los narcotraficantes, a través de un reparto de plazas a comienzo de esa década.
En realidad cuando el ex subprocurador de justicia es perseguido se le imputa una interminable serie de actividades criminales. Por ejemplo, combatir al cártel del Pacífico a favor del propio García Ábrego y su gente (CARPIZO, CARTA EN LA JORNADA).
Casi nada se probará en esta colección de actos, entre otras cosas porque nuestro Ness perderá la vida dentro de su auto por un disparo, en McAllen, Texas, al servir de testigo protegido a la agencia antinarcóticos de los Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).
Casi nada se probará y nombres y circunstancias pueden equivocarse. No así la constancia de los testimonios sobre los nexos entre el tráfico de drogas, personalidades y sectores de la mayor importancia dentro del Estado y asesinatos políticos –Calderoni achaca a Salinas más muertes, como la de Colosio.
Al preguntársele a Sergio Aguayo en 2002 sobre el poder político que en su abundancia se precipita con descaro a actos criminales, luego de una recapitulación histórica encuentra el caso emblemático de Javier Coello Trejo.
A este fiscal de hierro de la procuraduría general de justicia a partir de 1988, Calderoni rendirá cuentas desde entonces. En su gestión se le acusa de más de ochocientas violaciones a los derechos humanos. Algunas repiten el proceder en Chihuahua durante los interrogatorios a una pareja de acusados que no se reconocen como narcotraficantes: Armando Prado Mena fallece por las lesiones de la tortura y a Emiliano Olivas Madrigal lo arrojan desde un sexto piso.
Tres casos desbordan las fronteras: el asesinato de Norma Corona Sapién, la compañera de oficio de Digna Ochoa que en Sinaloa investiga la responsabilidad de un subalterno de Coello en la muerte de cuatro personas, y los de los hermanos Héctor, Jaime y Érik Quijano Santoyo.
En el tercero, al amanecer un grupo de agentes baja de una Suburban roja y un Topaz sin placas, y allana las casas de tres estudiantes venezolanos y de un abogado. Al día siguiente la esposa de unos de los jóvenes acude a las oficinas de la Judicial Federal y ve la caminera. Veinte días después en una fosa de dos metros de profundidad aparecen los cadáveres de los cuatro secuestrados, con huellas de tortura y orificios de bala.
El tipo de hombres causantes de estos actos forma la escolta del subprocurador de delitos contra la salud, a la que al poco se le comprueba un para ella alegre jugueteo en el sur de la ciudad de México: ultrajar mujeres. Diecinueve son animadas a levantar cargos. Ni eso ni las recomendaciones de organismos nacionales e internacionales le valdrán castigo directo o indirecto al hombre que Salinas encargó para dar el primer, trascendental golpe dentro del régimen, apresando a Joaquín Hernández Galicia, la Quina, el poderosísimo líder del sindicato petrolero.
En 1993 y para escapar en unos años, cae preso Joaquín el Chapo Guzmán. Las primeras versiones, desmentidas luego, aseguran se encontraba en un rancho de Coello.
El fiscal de hierro parece un personaje que ilustra a la perfección cómo la violencia del régimen priista muda con el peculiar neoliberalismo autóctono. Un periodista de su nativo estado de Chiapas, resume así la historia previa:
“…tuvo, desde sus inicios como agente del Ministerio Publicó en Chiapas, fama de ´duro´, de arreglar sus asuntos por la fuerza pasando por encima de leyes y autoridades.
“Según el expediente elaborados por las instituciones de inteligencia del país, el cual consta de mas de 100 paginas, dentro de sus actividades políticas, afiliado al PRI, tuvo cargos administrativos en los gobiernos estatal y federal…
“En Chiapas fue agente del Ministerio Publicó del Fuero Común; secretario general del procurador general; director de la Policía Judicial Estatal en la Procuraduría General de Chiapas; agente del Ministerio Publicó Federal Especial; secretario general de Gobierno en el periodo Absalon Castellanos Domínguez en 1983, de donde es destituido en 1984…
“Su fama como hombre rudo empezó en 1977. Es entonces cuando el presidente de la republica José López Portillo lo designa fiscal especial para el combate a la corrupción, en donde dirigió las investigaciones para consignar a Fausto Cantu Peña, exdirector del inmecafé; Félix Barra García, ex secretario de Comunicaciones y Transportes. Todos ellos funcionarios durante el régimen de Luis Echeverría Álvarez.”
De una dureza y una ambición singulares sirve al régimen tradicional, en resumen, de gran látigo presidencial que castiga a los funcionarios incómodos. Las mudanzas sexenales lo envían de regreso a su estado “ya con fama de rudo”, en carácter de secretario de gobierno del nuevo mandatario local, Absalón Castellanos, de triste recuerdo para sus paisanos, entre otras cosas por los golpes a una movilización campesina sin precedentes próximos, en la misma región de Los Altos donde surgirá el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
Por el cargo, Coello sin duda tiene en ello un papel de primera línea, que no incluye el periodista a quien citamos.
